Tucumán, en el podio de la informalidad laboral

La informalidad laboral, uno de los principales problemas estructurales del mercado de trabajo en Argentina, coloca a Tucumán (50,2%) entre las tres provincias con las tasas más altas de trabajadores en negro, junto a Salta (53%) y Santiago del Estero (51,1%). Según un reciente informe de Argendata, en estas jurisdicciones más del 50% de los asalariados carece de aportes a la seguridad social, lo que los excluye de derechos básicos como jubilaciones, obra social o indemnizaciones. A nivel nacional, el 42% de los ocupados —unos 8,8 millones de personas— trabaja en condiciones de informalidad, un fenómeno que se agravó en la última década y que refleja profundas desigualdades regionales, económicas y sectoriales.

¿Por qué Tucumán figura entre los peores indicadores? Según Argendata, “existe una correlación clara entre el nivel de desarrollo económico —medido por el PIB per cápita o la densidad empresarial— y la informalidad laboral. Las provincias del Norte Grande combinan tanto un bajo PIB per cápita como una escasa cantidad de empresas por habitante. Además, su estructura productiva está concentrada en actividades con alta informalidad relativa, como el agro”. En Tucumán, la dependencia de sectores como la agricultura y el comercio informal, sumada al menor poder adquisitivo de la población, fomenta un círculo vicioso que desalienta la formalización.

“En Argentina, 8,8 millones de personas trabajan en la informalidad. Sobre un total de 21,1 millones de personas ocupadas, esto equivale al 42% de los trabajadores. De esos 8,8 millones, 5,5 millones son asalariados y 3,3 millones no asalariados. Es decir, más del 60% de los trabajadores informales son asalariados a quienes su empleador no les realiza aportes a la seguridad social”, señala el informe, destacando la magnitud del problema. Esta situación, que priva a millones de trabajadores de un piso de derechos, tiene un impacto directo en las condiciones laborales, los ingresos y el acceso a la protección social.

El informe de Argendata subraya las marcadas diferencias regionales en los niveles de informalidad laboral. “Nueve de las doce provincias con mayor informalidad asalariada pertenecen al Norte Grande. En distritos como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, más de la mitad de los asalariados trabaja en la informalidad”, detalla el documento. En contraste, regiones como la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz, presentan tasas de informalidad inferiores al 30%, e incluso al 20% en algunos casos.

Por el contrario, en regiones como la Patagonia, “la fuerte presencia de sectores dominados por grandes empresas —como el petróleo en toda la región, la minería en Santa Cruz, el aluminio en Chubut o la industria electrónica en Tierra del Fuego— donde el empleo es casi enteramente formal” explica los bajos niveles de informalidad. Estas grandes firmas, además, exigen a sus proveedores estar registrados, lo que refuerza la formalidad en el empleo indirecto. En el caso de CABA, “la elevada densidad empresarial y su especialización en servicios de alta calificación —como los profesionales y financieros— operan casi exclusivamente dentro de la legalidad”, añade el informe.

La informalidad laboral en Argentina no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y crecimiento en los últimos años lo convierten en un desafío estructural. Según Argendata, “en 2024, la informalidad entre asalariados fue del 36%, nueve puntos más que a mediados de los años ‘80”. Este aumento no fue lineal, sino que atravesó distintas etapas: “La primera etapa va de 1986 a 2003, cuando la informalidad asalariada saltó del 26,9% al 49,4%. El proceso de desindustrialización iniciado en los años ‘70 tuvo como contracara la destrucción de buena parte del entramado productivo que había caracterizado a la Argentina durante gran parte del siglo XX”.

La recuperación económica tras la crisis de la Convertibilidad (2003-2011) permitió reducir la informalidad, impulsada por el fortalecimiento de instituciones laborales y la reintroducción de convenios colectivos. Sin embargo, desde 2015, la informalidad volvió a crecer, pasando del 32,6% al 36% en 2024. “Sacando la excepcionalidad de la pandemia, la suba de la informalidad en la última década se explica sobre todo por el estancamiento económico. Desde 2011, el empleo asalariado formal en el sector privado prácticamente no creció”, explica el informe. En este contexto, el empleo informal y el trabajo no asalariado se expandieron incluso en períodos de crisis.

Comparación regional, precariedad y penalidades

A nivel regional, Argentina se encuentra en una posición intermedia. “La tasa de informalidad entre asalariados en Argentina (36,2%) es seis puntos menor al promedio simple de los países de la región (42,6%). Aun así, es notoriamente más alta que en países como Uruguay (9,6%), Chile (14,8%) y Brasil (23,6%)”, indica Argendata. Sin embargo, está por debajo de países como Bolivia (53,7%), Perú (57,7%) o Guatemala (71,5%).

El documento destaca que “aunque la relación entre ingresos y formalidad es clara, no lo explica todo. El caso de Argentina lo ilustra bien: si bien su informalidad es menor al promedio regional, es mayor que la de varios países con menor ingreso per cápita, como Brasil o Colombia”. Entre los factores que explican esta brecha, Argendata apunta a “la relativamente alta presión tributaria sobre el trabajo en Argentina, que encarece la contratación formal”. A su vez, la calidad del crecimiento económico y la fortaleza de las instituciones laborales son determinantes: “Los datos muestran que, aunque es muy difícil reducir la informalidad sin crecimiento, el crecimiento por sí solo no garantiza mayor formalidad”.

La informalidad laboral no solo implica precariedad en las condiciones de trabajo, sino también una penalidad económica y social. “Un ejemplo típico es una empleada doméstica a quien no le pagan los aportes. En el segundo caso, un ejemplo clásico es un vendedor ambulante, un feriante o un albañil que trabaja por su cuenta pero no está registrado en el monotributo”, ilustra el informe. Estos trabajadores enfrentan ingresos inestables, largas jornadas y la falta de derechos básicos como vacaciones pagas o protección ante despidos.

A nivel macroeconómico, la informalidad reduce la capacidad recaudatoria del Estado, afectando el financiamiento de los sistemas de seguridad social. “La informalidad está asociada a las normativas que regulan el empleo asalariado. Esas normativas implican costos —como aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social— que varían mucho entre países. En contextos donde las reglas son más laxas y los costos de registrarse son menores, es más probable que aumente la formalidad”, señala Argendata.